EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL Y LA SEPARACIÓN DE PODERES EN ESPAÑA

por El Responsable

La Constitución Española, en el tercer apartado del artículo 122, dice:

El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un período de cinco años. De éstos, doce entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica; cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados, y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros, entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión.

De esta redacción, se sobreentendía que Congreso y Senado sólo podían elegir a 8 de los 20 vocales, dejando a la mayoría (12) fuera del alcance de los partidos políticos. Era una forma de proteger la separación de poderes de la democracia española.

Y así lo entendió el primer gobierno democrático surgido de las urnas, como bien explicaban Santiago Sánchez y Pilar Mellado en su libro Organización del estado central y justicia constitucional (Centro de Estudios Ramón Areces, 2004; pgs. 226-228):

 

“La primera LOPJ [Ley Orgánica del Poder Judicial] postconstitucional, de 10 de enero de 1980, estableció el siguiente sistema:

Los 12 vocales serán elegidos entre Jueces y Magistrados pertenecientes a todas las categorías judiciales. Integrarán el Consejo 3 Magistrados del Tribunal Supremo, 6 Magistrados y 3 Jueces (art. 8). Los Vocales serán elegidos por todos los Jueces y Magistrados que se encuentren en servicio activo (art. 12).

La elección se llevará a cabo mediante voto personal, igual, directo y secreto. La circunscripción electoral será única para todo el territorio nacional (art. 13).

Las candidaturas habrán de ser completas, con un candidato titular y un suplente para todos los puestos a cubrir en cada elección. Las candidaturas serán siempre abiertas, pudiendo cada elector combinar nombres dentro de cada categoría, procedentes de candidaturas distintas. Las candidaturas habrán de estar avaladas por un 10% de los electores, que comprenda, a su vez, un 5% al menos, de cada categoría o por una asociación válidamente constituida. El sistema electoral será el mayoritario corregido para permitir la representación de un sector minoritario (art. 14).”

 

Poco duró, sin embargo, este mínimo respeto a Montesquieu, como nos siguen explicando los autores:

 

“El sistema cambió al producirse la victoria abrumadora del PSOE en las elecciones generales de 1982, que dio paso a diversas reformas legislativas varias y, entre ellas, la de la justicia. Reforma que, por lo que concierne al tema objeto de nuestro estudio, no fue más allá de tratar de asegurar un cierto control político de la misma justicia. Con ese fin, el PSOE, que había logrado una nutridísima representación parlamentaria, decidió atribuir también a las Cortes la elección de los Vocales de origen judicial. La (nueva) Ley -6/1985- rezaba su Exposición de Motivos, informada por un principio democrático, partiendo de la base de que se trata del órgano de gobierno de un poder del Estado, recordando que todos los poderes del Estado emanan del pueblo y en atención al carácter de representantes del pueblo soberano que ostentan las Cortes Generales, atribuye a éstas la elección de dichos miembros de procedencia judicial del Consejo General. Y, añadía, la exigencia de una muy cualificada mayoría de 3 quintos garantiza […] la convergencia de fuerzas diversas y evita la conformación de un Consejo General que responda a una mayoría parlamentaria concreta y coyuntural.

La oposición interpuso recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica 6/1985 y el Tribunal Constitucional lo desestimó, no sin advertir del riesgo de frustrar la finalidad señalada en la Norma Fundamental, si las Cámaras, a la hora de efectuar sus propuestas, (atendieran) sólo a la división de fuerzas existentes en su propio seno y (distribuyeran) los puestos a cubrir entre los distintos partidos, en proporción a la fuerza parlamentaria de éstos (STC 108/1986, fundamento jurídico 12).

Cuando el PP alcanzó el poder con una mayoría holgada en el año 2000, (183 diputados en el Congreso), volvió a cambiar el procedimiento de elección de los Vocales del Consejo de procedencia judicial, aunque en esta ocasión se pactó una solución intermedia, que en apariencia satisfizo a los dos partidos mayoritarios, y que es la que actualmente está en vigor.”

 

Posteriormente, la Ley Orgánica 4/2013 volvería a modificar la estructura del Consejo General del Poder Judicial, pero sin afectar apenas a la elección de los vocales, que sigue estando en manos, básicamente, de los partidos políticos con mayor presencia en las Cortes Generales.

Fue por tanto el ansia de control de los poderes del estado del PSOE de Felipe González la que provocó esa interpretación torticera de nuestra carta magna, avalada por la vergonzosa sentencia del Tribunal Constitucional de 1986.

Y ningún gobierno posterior ha hecho el más mínimo intento de volver a la letra de la Constitución. Lo que ha llevado a creer a más de uno, por lo que estoy leyendo en las últimas horas, que es anticonstitucional bloquear la renovación del CGPJ. Como si la Constitución defendiese el derecho de los partidos políticos a turnarse en la elección de todos los vocales del Consejo, dependiendo de quién ocupe el poder en cada momento.

Pero no. La Constitución Española, en este tema, fue escrita con otra intención.

Con la intención de mantener el Poder Judicial independiente de los vaivenes de la política de partidos.

Todos aquellos que ahora se rasgan hipócritamente las vestiduras en defensa de la democracia, con el ánimo evidente de exigir su turno de controlar el Poder Judicial (o de mantener el control que ya poseen), son el auténtico peligro para nuestro régimen de libertades.

Sabemos que sólo el afán de poder les mueve, no el respeto a un estado de derecho donde se estructure adecuadamente la tan necesaria separación de poderes.

Lo realmente preocupante es que esos hipócritas parecen ser la inmensa mayoría de la población española.

Que Deus nos teña no seu colo.