NO HAY ESCAPATORIA, NI LUGAR EN LA MEMORIA (PARADOJAS DEL ROMANTICISMO ESPAÑOL)

por El Responsable

Tras la proclamación el 29 de junio de 1707 del Decreto de Nueva Planta del Reino de Valencia, los habitantes de la villa de Requena vieron cómo el primer Borbón que nos reinaba terminaba con casi cinco siglos de puerto seco: es decir, con la posibilidad de cobrar impuestos por el tráfico de mercancías entre los reinos hispanos de Valencia y Castilla.

El proceso de unificación legal y fiscal de la Península continuó sin descanso durante los dos siglos siguientes (las guerras Carlistas del siglo XIX tienen bastante que ver con este proceso).

Cuando el nacionalismo español apela a su gloria imperial, curiosamente, hace referencia a un momento histórico en el cual la unidad legal y fiscal era una utopía impensable. Cuando la derechona española en tertulia total apela al distributismo económico de la Edad Media suele olvidarse de los puertos secos (poco antes de denigrar a las Comunidades Autónomas).

El nacionalista español, como casi todos los nacionalistas, suele ser un liberal con fronteras. Considera que el liberalismo económico es bueno en todas partes; pero como eso le llevaría a la conclusión de que las mismas leyes deberían gobernar en todo el mundo a la vez (y eso es universalismo multicultural), necesita banderitas para distinguir cada cachito de liberalismo (es decir, cada estado-nación). Y eso le lleva a descubrir enormes diferencias entre un español y un francés. O un inglés. Y se siente sometido y esclavizado por la multicultural Unión Europea. Y entonces se sueña imperial, y que extiende su liberalismo a todo el planeta, en lucha contra los otros cachitos de liberalismo de los que se compone el mundo, que también quieren extender su liberalismo idéntico (aunque lo deseen identitario y distinto).

Sin querer asumir que el resultado sería el mismo que busca el liberal universal y multicultural: las mismas leyes económicas gobernando el mundo.

Las mismas leyes gobernando el mismo y único mercado.

“La Ley de garantía de la Unidad de Mercado (Ley 20/2013, de 9 de diciembre) pretende reducir las trabas para las empresas que venden en diferentes comunidades autónomas y que han de cumplir una normativa distinta en cada una de ellas. Las Comunidades tienen transferidas las competencias en materias de comercio y consumo, lo que les permite fijar criterios propios en cuanto al envasado, etiquetado, sistemas de distribución de productos, licencias para su venta, etc. Las empresas que operan en comunidades diferentes han de adaptarse a las diferentes normativas y tramitar las licencias necesarias para operar en cada territorio, lo que les supone un elevado coste en trámites administrativos.

El principio de unidad de mercado tiene su reflejo en el artículo 139 de la Constitución que expresamente impide adoptar medidas que directa o indirectamente obstaculicen la libertad de circulación y establecimiento de las personas y la libre circulación de bienes en todo el territorio español.

La unidad de mercado se fundamenta también en la igualdad de las condiciones básicas de ejercicio de la actividad económica. En concreto, los productores tendrán que pedir una sola licencia en una comunidad autónoma, y podrán comercializar sus productos en todo el país. El establecimiento de este principio de licencia única elimina en la práctica el coste de tener que someterse hasta a 17 regulaciones distintas para operar en España.”

Temario de la oposición al Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia; vol. 3; Adams, 2019; Anexo I del Tema 63: Procedimiento para la garantía de la unidad de mercado de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

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