SOBRE LA REFORMA CONSTITUCIONAL

por El Responsable

Los artículos 167 y 168 de la Constitución Española de 1978 exponen los dos procedimientos por los que se puede realizar la reforma constitucional.

El artículo 167 presenta el procedimiento ordinario, el único que ha sido utilizado hasta ahora para las dos reformas de 1992 y 2011.

El artículo 168, por su parte, define el procedimiento agravado, que presenta requisitos más complicados para llevar a efecto el cambio en el texto constitucional.

Cualquier reforma que pretendiese dotar a algún territorio del Reino de España del derecho de autodeterminación exigiría cambiar el artículo 2 del Título Preliminar de la Constitución, que explicita la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles. Por lo tanto, al implicar la alteración parcial del Título Preliminar, tal reforma constitucional exigiría efectuarse a través del procedimiento agravado del artículo 168.

Para ello, el inicio del proceso de reforma debería ser aprobado por mayoría de dos tercios en el Congreso y en el Senado. Cubierto este trámite, se disolverían ambas Cámaras y se convocarían elecciones de forma inmediata. Las Cámaras recién elegidas deberían ratificar la propuesta de reforma, por mayoría simple en el Congreso y absoluta en el Senado. Comenzaría entonces el estudio del nuevo texto constitucional por ambas Cámaras, que sólo podrían aprobarlo tras una nueva votación en cada una de ellas en la que se alcance, nuevamente, los dos tercios de diputados y senadores. Finalmente, el nuevo texto debería ser ratificado en referéndum.

Por lo tanto, serían necesarios 117 diputados para bloquear dicha reforma en el Congreso de los Diputados y 89 en la actual composición del Senado. Ahora mismo, la única formación política que alcanza por sí sola tales números es el Partido Popular, con 134 diputados en el Congreso y 147 senadores.

A pesar del referéndum final, el verdadero momento plebiscitario sería el de las elecciones posteriores a la disolución de las Cortes provocada por la aprobación del inicio del procedimiento de reforma. En tales elecciones, los partidos políticos deberían posicionarse claramente respecto a la aprobación o no del cambio constitucional; si el resultado electoral conformase unas Cámaras capaces de ratificar la reforma con mayorías de dos tercios, entonces sería evidente que la reforma también sería aprobada en referéndum.

Por lo tanto, el momento crucial para detener la transformación del Reino de España en un estado confederal sería votar en tales elecciones a partidos políticos que fueran capaces de sumar la minoría de bloqueo en el Congreso de los Diputados (en el Senado, por su forma de elección, resultaría mucho más complicado alcanzar dicha minoría).

Los 7 redactores de la Constitución Española de 1978; de pie, de izquierda a derecha: Gabriel Cisneros, José Pedro Pérez Llorca y Miguel Herrero, de Unión de Centro Democrático; sentados, de izquierda a derecha: Miquel Roca (Convergència), Manuel Fraga (Alianza Popular), Gregorio Peces-Barba (PSOE) y Jordi Solé Tura (PSUC, federado con el Partido Comunista).

Advertisements