LA ENFERMEDAD INFANTIL DEL IZQUIERDISMO

por El Responsable

El Mundo-Twitter necesita mensajes escuetos e ideas simples. La formación como ciudadano, sin embargo, exige estudio, muchas horas de lectura y análisis, y la paciencia y el rigor suficientes para examinar cada hecho en sus múltiples matices.

El Mundo-Twitter proyecta, en un eco casi infinito, oraciones enunciativas del tipo: el artículo 155 es una reliquia franquista de la Constitución de 1978. No hace falta ser muy leído para saber lo ridícula que puede llegar a ser esta frase. Pero el Mundo-Twitter, saturado de miles de millones de eructos que reclaman atención, apenas parece dejar tiempo para ese mínimo de lecturas que permitan a una ciudadanía mínimamente formada reírse de lo que es meramente ridículo.

Hace años, propuse a un grupo de colegas de la Facultad de Filosofía que montásemos, entre otros, un seminario de estudio de la ley educativa vigente en aquel momento, con el objeto de tener una opinión mejor formada de cara a proponer reformas en la misma. Uno de esos colegas, que ha llegado a ser concejal de un ayuntamiento formando parte de uno de esos partidos de la Nueva Política, me contestó que no valía la pena perder tanto tiempo estudiando en detalle la ley de educación. Nunca entendí aquella contestación.

El pensamiento infantil imperante detecta fascismo en cualquier escenario donde vea proyectado el relato bíblico de David y Goliat. El artículo 155 sería entonces la maza de Goliat para machacar al pobre David catalán. Esta visión es simple, fácil de comunicar y provoca simpatías casi automáticas. Es perfecta para el Mundo-Twitter.

La enfermedad infantil del izquierdismo actual considera que cualquier minoría es buena y cualquier mayoría es mala. Cualquier persona mínimamente formada sabe que bolchevique es una palabra que en ruso significa miembro de la mayoría. Es evidente que el pensamiento de izquierdas no ha sido siempre estúpido y simplón, y ha sabido analizar las situaciones en base a su contenido y circunstancias particulares, tratando de concretar en qué modo y manera era más factible alcanzar la realización de ciertos valores; los cuales, en muchas ocasiones se presentan de forma problemática y contradictoria.

Pero el Mundo-Twitter ha potenciado la tendencia moderna al eslogan. Y los Nuevos Políticos no parecen haber revertido la situación. Al contrario.

El problema es que el rigor, la paciencia y el estudio siempre serán más lentos de lo que el mundo actual requiere. La gente se aburre si tiene que leer algo más largo que un mensaje de Twitter. La lentitud, para la Modernidad, es reaccionaria.

En el año 2011, cuando estudiaba Derecho, hice el siguiente análisis sobre el concepto de soberanía en el marco de la Unión Europea. Espero que resulte interesante, aunque obligue a perder más tiempo que un mensaje de Twitter.

Soberano es aquel que decide sobre el estado de excepción, comenzaba Carl Schmitt su Teología política.

La discusión sobre la relación entre los ordenamientos jurídicos europeo y español -sobre los conceptos de supremacía y primacía-, en definitiva, es una discusión sobre la soberanía; siguiendo con Carl Schmitt, es una discusión sobre quién determina con carácter definitivo qué son el orden y la seguridad pública, cuándo se han violado, etc..

El artículo 5.2 del Tratado de la Unión Europea tiene un significado casi idéntico al de la Décima Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos: The powers not delegated to the United States by the Constitution, nor prohibited by it to the States, are reserved to the States respectively, or to the people. Mientras en los Estados Unidos la Constitución es la que delega poderes al Gobierno Federal, en Europa, los Estados miembros ‘atribuyen’ competencias a la Unión ‘en los Tratados’.

En la Constitución de los Estados Unidos, en su artículo VI.2, podemos leer lo siguiente: This Constitution, and the Laws of the United States which shall be made in pursuance thereof; and all treaties made, or which shall be made, under the authority of the United States, shall be the supreme law of the land; and the judges in every state shall be bound thereby, anything in the constitution or laws of any state to the contrary notwithstanding.

Este artículo es conocido como la ‘Cláusula de Supremacía’. En principio, el contenido no parece muy distinto a la doctrina sobre la primacía del derecho comunitario, expuesta por el Tribunal de Justicia en su sentencia Costa contra ENEL de 1964.

Pero cuando Carolina del Sur declaró su secesión de los Estados Unidos el 24 de diciembre de 1860, lo hizo alegando, entre otras cosas, el incumplimiento por parte de los estados norteños de sus obligaciones federales, pues no cumplían con la Ley de Esclavos Fugitivos (que obligaba a los estados a devolver a sus legítimos dueños a aquellos esclavos huidos que fuesen hallados en sus respectivos territorios).

La llegada de Lincoln a la presidencia dejaba claro que esa ley tenía los días contados. Y ante este desarrollo de los acontecimientos, los estados sureños se negaron a asumir lo que implicaba la ‘Cláusula de Supremacía’, se declararon soberanos de facto, y proclamaron su propia Confederación. Se apelaba a la Resolución de Virginia de 1798 y al ejercicio ‘deliberado, palpable y peligroso’ de poderes que se creía no correspondían al Estado Federal; pero como no había texto legal en el que apoyar que tal situación pudiese conllevar el derecho de secesión, el presidente saliente James Buchanan (que entendía el enfado de los sureños ante el intrusismo de los abolicionistas del norte) declaró la ilegalidad de los actos de separación, al tiempo que admitía que no tenía poder para impedirlos.

Pero Lincoln sí consideraba que tenía dicho poder; y puestas así las cosas, declarada la excepción y la duda sobre quién tiene el poder -quién es soberano-, no pudiendo apelarse a ningún orden jurídico con capacidad para imponerse con los medios de un estado único, comenzó la guerra; para determinar qué derecho tenía la supremacía, es decir: quién tenía la soberanía.

En nuestro caso, es evidente que la supremacía corresponde a la Constitución Española; no sólo porque los artículos 96.2 y 94.1 siguen dejando en manos de las Cortes Generales la denuncia de cualquier Tratado. Sino porque la propia Unión Europea nunca ha pretendido tal soberanía; lo cual se ha hecho explícito tras el Tratado de Lisboa, en la redacción del nuevo artículo 50.1 del Tratado de la Unión Europea: Todo Estado miembro podrá decidir, de conformidad con sus normas constitucionales, retirarse de la Unión.

Por lo tanto, no existe ningún vacío legal que imponga dudas sobre la supremacía. Y el principio de primacía declarado por el Tribunal de Justicia en la sentencia Costa contra ENEL de 1964 no debe entenderse nunca aplicado a discusiones sobre soberanía última, sino sobre la relación a establecer entre actos jurídicos europeos y españoles en lo referente a competencias que han sido atribuidas libremente por los Estados a la Unión. Por lo tanto, sí parece excesivo el celo del profesor Rubio Llorente, presidente del Consejo de Estado, de pedir la reforma de nuestra Constitución para proceder a la ratificación de la Constitución Europea; pues el artículo 50 del actual TUE está basado en el artículo I-60 de aquélla.

Y es que, llegado el caso, si fuese considerada como inasumible por los órganos soberanos del Estado español la acción de la Unión en tales competencias cedidas, siempre quedaría el último recurso de la separación.

Y ninguna laguna legal podría permitir dudar de que el Estado español es soberano para llevar a efecto tal decisión.”